El Maestro de Galilea decía: “por sus obras los conoceréis” y ahí están, como un libro abierto, las que ha acumulado durante casi 40 años de vida militar en beneficio de sus compatriotas el general Mario Montoya Uribe, actual comandante del Ejército de Colombia, víctima de una infame acusación anónima, acogida irresponsablemente por un periódico estadounidense y propalada por muchos otros medios – entre ellos colombianos – sin valorar la veracidad de las filtraciones de un informe de inteligencia no verificado, que la propia CIA, por esa misma razón, pidió que no fuera publicado “porque podía poner en peligro las relaciones de los EEUU con países amigos y la propia seguridad de los estadounidenses”.

La filtración en que se basa el informe de Los Ángeles Times carece absolutamente de valor como prueba que pueda enlodar la pulcra hoja de vida del general Montoya, y la primera actitud censurable de ese periódico, y de los que recogieron a ciegas su versión, fue haber atribuido el supuesto trabajo de inteligencia a la CIA. El propio comandante del Ejército, una vez se enteró del contenido del libelo, llamó a la embajada de los EEUU y allí le dijeron que en poder del gobierno norteamericano no existía acusación o investigación en su contra. Lo que pudo establecer es que la supuesta “información de inteligencia”, según la cual él habría llegado a un acuerdo con los paramilitares de Medellín para derrotar a la guerrilla en la operación Orión en octubre de 2002, no provino de la CIA, sino de una entidad llamada Agencia de Inteligencia Aliada. Esta, a su vez, la suministró a la CIA, que hasta ahora no la ha avalado ni verificado, razón por la que se opuso a que fuera publicada. “La Agencia de Inteligencia Aliada, que hace el informe, dijo que su informante es una fuente no confirmada y previno para que fuera tratado como inteligencia cruda”, explicó el general Montoya en declaraciones a la “W”. Sin embargo, con la entereza y la convicción de quien tiene la conciencia tranquila, reclamó a Los Ángeles Times, a la CIA o a cualquier agencia que, si tienen pruebas contra él, que “las presenten ante las autoridades colombianas para que se me investigue. A eso es a lo que yo aspiro”.

Conviene refrescar la memoria sobre lo que fue la Operación Orión. A lo largo de la última década del siglo pasado, ya fuera por desidia, ineptitud o cobardía de autoridades y ciudadanía, el narcoterrorismo sentó sus reales en la Comuna 13, un populoso sector del occidente de Medellín, conformado por 22 barrios y habitado por cerca de 150.000 personas. En octubre de 2002 la situación se había vuelto insoportable y este periódico, al unísono con otros sectores de opinión, reclamó una presencia permanente de la fuerza pública, pues unos operativos realizados cuatro meses atrás no habían conseguido el objetivo de pacificar la zona y, por el contrario, arreciaba la guerra entre guerrillas y paramilitares, con desplazamiento forzado de civiles, asaltos y asesinatos, entre ellos el del sacerdote y líder comunitario José Luis Arroyave.

Entonces, con apoyo decidido del gobierno Nacional y el compromiso de la Administración del alcalde Luis Pérez Gutiérrez, se lanzó la Operación Orión, dirigida por el comandante de la IV Brigada, general Montoya, y por el general Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana, con apoyo de la Fuerza Aérea y la participación de más de 1.500 hombres en armas, a más de funcionarios de la Fiscalía, la Defensoría, el CTI, el DAS y la Procuraduría. Resulta, entonces, descabellado suponer que, con semejante despliegue de fuerza, inteligencia y decisión política de Gobierno, a todos los niveles, pudiera haber tratativas con delincuentes por parte de uno de sus comandantes. Por el contrario, lo que hubo allí fue una batalla frontal contra las milicias de las Farc y el Eln, y contra los ‘paras’ de los bloques Metro, Cacique Nutibara y José Luis Zuluaga, que habían convertido aquellos barrios en escenario de sus enfrentamientos y crímenes. Dieciséis muertos, más de 300 delincuentes de uno y otro bando capturados y diez secuestrados liberados por la fuerza pública, fue el saldo inicial de los operativos.

Un mes después, el entonces comandante del Ejército, el general Ospina Ovalle, y los generales Montoya y Gallego, acompañaron al alcalde Pérez y a miembros de su gabinete en una visita a esos barrios para conocer de viva voz de sus habitantes los beneficios de la Operación Orión. Las crónicas de la época hablan de una manifestación de gratitud popular sin precedentes, porque efectivamente se había recuperado la tranquilidad, la gente podía transitar por las calles de día o de noche, había terminado la zozobra y el comercio y las distintas actividades comenzaban a normalizarse. Por esos mismos días, el Comité Intergremial de Antioquia felicitó al Alcalde y a los generales Montoya y Gallego por el éxito el operativo y ofreció que el sector privado trabajaría de la mano de nuestras autoridades en la tarea de recuperar la gobernabilidad y de crear oportunidades de trabajo y desarrollo para esa zona de Medellín.

La Operación Orión se convirtió en ejemplo para el país de cómo se debe enfrentar institucionalmente la violencia protagonizada por las organizaciones narcoterroristas en las grandes ciudades. ¿A quiénes sirven, entonces, Los Ángeles Times y Cía, dando crédito a esos infundios contra el comandante del Ejército de Colombia, sino a la zupia de bandidos que salieron derrotados en esa ocasión? El general Montoya, en lugar de ser reo de una acusación, es, por esa sola operación, candidato a una condecoración o, por lo menos, a la gratitud imperecedera de todos los ciudadanos de Medellín.